Punata, Cochabamba, Bolivia

Tiraque

Capital de Provincia:
Tiraque
Municipios:
Tiraque 21,113 hab.
Shinahota 20,841 hab.
Total habitantes: 41,954 (Censo 2012).
Superficie: 1,739 km2

Punata

Capital de Provincia:
Punata
Municipios:
Punata 28,707 hab.
Villa Rivero 8,135 hab.
San Benito 13,562 hab.
Tacachi 1,303 hab.
K'uchumuela 2,702 hab.
Total habitabtes: 54,409 (Censo 2012).
Superficie: 850 km2

Arani

Capital de Provincia:
Arani
Municipios:
Arani 9,504 hab.
Vacas 8,940 hab.
Total habitantes 18,444 (Censo 2012).
Superficie: 506 km2

Esteban Arce

Capital de Provincia:
Tarata
Municipios:
Tarata 8,242 hab.
Anzaldo 7,192 hab.
Arbieto 17,352 hab.
Sacabamba 4,366 hab.
Total habitantes: 37,152 (Censo 2012).
Superficie: 1,245 km2

Germán Jordán

Capital de Provincia:
Cliza
Municipios:
Cliza 21,743 hab.
Toco 7,057 hab.
Tolata 5,542 hab.
Total habitantes: 34,342 (Censo 2012).
Superficie: 305 km2
Web

Defensoría del Pueblo presenta proyecto de ley para de protección integral a niños y adolescentes en orfandad

12 de Julio de 2021

La Defensora del Pueblo presentó un proyecto de ley para garantizar una protección integral a niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad por la muerte de su padre o madre o de ambos, producto de la COVID-19, que consiste en la entrega de un subsidio alimenticio a menores de dos años, becas escolares y universitarias, acceso a empleo, acceso a vivienda social, estabilidad laboral para quienes tengan la guarda o tutela legal de esta población y garantizar una asistencia familiar.

La propuesta legal, presentada este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL), por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se basa en la preocupación que existe frente a los efectos inmediatos que deja la pandemia, que además del número de contagios y muertes por el virus, está el aumento de la violencia en los hogares, la desventajosa situación económica, la falta de empleo, el cierre de escuelas, la falta de acceso universal a servicios básicos y otros que repercute en la niñez y adolescencia.

Cruz manifestó que es importante y necesario que el Estado intervenga con medidas reforzadas y afirmativas para garantizar y asegurar el bienestar y el cuidado de esta población, más aún cuando se encuentran en un estado de desprotección y mayor vulnerabilidad por la pérdida de su padres o madres o de los dos progenitores por causa de la COVID-19.

El proyecto de ley elaborado por la institución defensorial incluye, entre varias medidas, la creación del “subsidio de asistencia al desarrollo nutricional” que consiste en la entrega de un paquete de productos alimenticios en especie, cada uno equivalente a 300 bolivianos, a niñas y niños hasta los dos años de edad; otorgar becas, apoyo y seguimiento pedagógico para garantizar la permanencia escolar, y que el Ministerio de la Presidencia dote equipos tecnológicos y material educativo. También se propone que las universidades públicas otorguen becas anuales de ingreso, apoyo académico, permanencia, trabajo y otras medidas vigentes hasta los 25 años de edad.

Igualmente, que las escuelas superiores de formación de maestros y maestras, escuelas superiores tecnológicas, institutos técnicos y tecnológicos (fiscales, de convenio y privados), universidades indígenas y privadas, puedan brindar, anualmente, hasta el 10% de las becas destinadas al ingreso, apoyo académico y permanencia, también hasta los 25 años de edad.

Se plantea que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social implemente planes y programas para la inserción laboral prioritaria para hijas e hijos jóvenes, hasta los 25 años de edad, cuyos padres o madres hayan fallecido por el coronavirus; asimismo, este beneficio alcanza a quienes estén, legalmente, a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad hasta que éstos cumplan los 18 años.

Además, se propone garantizar la inamovilidad laboral, en el ámbito público y privado, para una de las personas responsables legales del cuidado de las y los huérfanos a causa de la COVID-19, hasta que éstos adquieran la mayoría de edad, siempre y cuando se cuenten con informes de evaluación y seguimiento idóneos sobre la convivencia y protección a esta población y que la o el beneficiario dé cumplimiento a las responsabilidades del cargo público o privado, y la normativa laboral y administrativa aplicable.

También se busca garantizar el acceso a una vivienda social para esta población afectada por la pérdida de sus padres o madres. La Defensoría del Pueblo propone que el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda implemente planes y programas de vivienda social digna y adecuada para este sector hasta que cumplan 25 años, con un enfoque infantocéntrico que garantice que la titularidad de las viviendas se consolide en su favor.

La Defensoría del Pueblo tiene conocimiento de casos de hermanos y hermanas mayores de 20, 22 años que ahora están asumiendo roles de padres y madres, con deudas titánicas en los hospitales tras el fallecimiento de sus progenitores, quienes también deben ser incluidos en el alcance de este proyecto de ley, para que el Estado les otorgue becas de estudio en universidades e instituciones de educación superior, así como la promoción de empleo digno y viviendas sociales.

Para implementar estas medidas es importante conocer la cantidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que quedaron huérfanos por causa de la COVID-19. Actualmente, no existe un registro oficial y se propone que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se haga cargo del mismo a través de una plataforma digital. Se estima que podrían existir 1.659 niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, a partir de un cálculo sobre la cantidad de decesos acumulados de mujeres entre 15 a 49 años por COVID-19, aplicando la tasa global de fecundidad en Bolivia que es de 2,9 nacimientos por cada mujer (de acuerdo a datos la EDSA 2016), empero, sólo es una cifra referencial.

En el proyecto de ley, si bien no está incorporado un bono económico (mensual, bimensual, anual o único) como lo hizo Perú, y lo analizan en Brasil, Argentina y Paraguay, la Defensoría del Pueblo considera que sí es necesario contar con uno, pero que debe ser analizado en términos de monto, beneficiarios y sostenibilidad por el Órgano Ejecutivo, considerando el interés superior del niño y la situación económica del país.

La propuesta normativa elaborada por la institución defensorial, no solo tiene un alcance para niña, niños y adolescentes en situación de orfandad, también plantea la protección integral reforzada para toda la población de niñez y adolescencia en el país que enfrenta afectaciones por la pandemia.

En ese marco plantea que el Ministerio de Salud elabore y ejecute, en coordinación con las entidades territoriales autónomas lineamientos de atención de salud mental y medidas de promoción y prevención del cuidado de la salud mental de esta población. Con la pandemia y las medidas asumidas de confinamiento, distanciamiento social y cierre de escuelas se advierten graves afectaciones a nivel emocional y psicológico.

Asimismo, propone que el Ministerio de Salud elabore y ejecute un programa de promoción de hábitos alimentarios y nutritivos y fomento de la actividad física de niñas niños y adolescentes en el actual contexto de la pandemia, y en esa misma línea, se plantea contar con lineamientos para programas que garanticen el derecho al juego, como un elemento importante primordial para su desarrollo integral.

Frente al desecadenamiento de altos registros de violencia a nivel psicologico, fisico y sexual, se plantea que el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la Niña, Niño y Adolescente, en el que participan las Defensorías de la Niñez e Instancias Técnicas Departamentales de Política Social más conocidas como SEDEGES, emita lineamientos especializados y vinculantes para garantizar atención integral y especializada permanente de servicios y centros de protección y lineamientos de atención y para la prevención de violencia intrafamiliar y violencia digital en el contexto de pandemia, entre otros urgentes relacionados al contexto de pandemia.

Otro aspecto prioritario incorporado en la propuesta de Ley es la urgente e ineludible instalación de una línea gratuita de atención, a partir de la situación de confinamiento por la pandemia, que ha recluido en sus casas a la mayoría de las mujeres y niñas, niños y adolescentes. Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, el año pasado, demostró que en 56 Gobiernos Autónomos Municipales, solo el 9% de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia consultadas habilitaron línea gratuita para recepción de denuncias, un 7% habilitó sus páginas web y redes sociales para denuncias y 11% desarrollaron brigadas móviles, cifras bajas para servicios que han sido declarados prioritarios.

Fuente: Defensoría del Pueblo

 Documento sin título
Total Visitantes:  205804 .::. Visitantes en Línea  1 .::. Total Componentes Visitados  183427